Hace pocos días, en el marco de una jornada organizada por los periódicos Expansión y El Mundo, Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social (en funciones), anunció que en la próxima legislatura, caso de que finalmente puedan formar gobierno, propondrán una modificación legislativa que permita compatibilizar el cobro de una pensión pública de jubilación, con el desarrollo de una actividad remunerada por la que se cotizará a la Seguridad Social.
Estas propuestas, necesarias e ineludibles, suelen recibir reacciones diversas. Las que pretenden que nada cambie, como en el caso de algunas organizaciones sindicales y patronales, principalmente, en el caso de estas últimas, las que dicen representar a los intereses de las pequeñas y medianas empresas.
Son posturas comprensibles si se considera, todavía que la jubilación (lo más temprana posible) es un logro social, sin atender a otras cuestiones de mayor complejidad.
La situación legislativa, cambiará, más tarde o más temprano, pero lo que de verdad debe reconsiderarse son los períodos de la vida, no se trata solamente de un problema laboral y de sostenibilidad del sistema de pensiones, va mucho más allá, tiene que ver con la trayectoria vital de las personas y su bienestar, económico y cognitivo.
El cobro de la pensión pública forma parte de un contrato por el cual, quien contribuye un determinado número de años, tiene derecho a recibir una pensión.
Por otro lado, cuando la esperanza de vida en los países desarrollados tiende a los 100 años, no parece razonable poner obstáculos a quienes deseen aportar trabajo que además contiene know-how acumulado y sobre todo, criterio, si el mercado, o sea la sociedad, lo demanda y le retribuye por ello.
No puede condenarse a una creciente franja de población, los de más edad, a lo que podemos definir como el “no mercado”, es decir a no poder aportar valor y si se hace que no se retribuya de forma lógica, clara y transparente.
Desde el punto de vista de las tendencias demográficas, la situación, es cada día más clara y las legislaciones se adaptarán a dicha situación, aunque algunos agentes sociales sigan anclados, todavía hoy, en unas premisas que forman parte del pasado.
Las personas que por razones diversas, con más de 50 años de edad, se quedan sin empleo, a veces bajo un plan de las llamadas, jubilaciones anticipadas, no deben estar obligadas a quedar fuera de la actividad productiva de por vida.
Se nos puede decir que nadie está privado de renunciar a la pensión y que si alguien ejerce un trabajo remunerado, puede dejar de percibir la prestación del Estado. Pero es conocido que el mayor problema está en las fases de transición, en pasar de asalariado de determinado nivel, a otro empleo que quizá sea temporal o incierto, o bien a una actividad emprendedora, para la que también faltan incentivos en nuestro país.
La incompatibilidad de la pensión que se percibe, con una retribución, opera como un gran desincentivo y resta valor, frena iniciativas y consolida la pasividad, con unos efectos sociales claramente negativos, incluso (y ello gana importancia cada día) de tipo cognitivo, de salud mental.
Otra situación que se consolida, en otras economías más avanzadas, es la creciente presencia de emprendedores de una edad cada vez más elevada, es el caso de los Estados Unidos y del Reino Unido.
En la economía norteamericana los emprendedores de más de 55 años, suponen hoy el 24% del total, mientras que a finales de la década de los noventa, ese porcentaje era del 14% (Véase: The Kauffman Index of Start Up activity, 2016).
La economía se basa en incentivos, la demografía condiciona nuestro futuro, por lo que medidas como la anunciada por la Ministra Fátima Báñez, deben ser bienvenidas y apoyadas desde posturas responsables y con la mirada puesta en los retos del siglo XXI y no en paradigmas en proceso de creciente obsolescencia.
Joaquín Solana Oliver
(Economista)